Plantean llevar al Ministerio a los tribunales por reducir un 50% la ayuda por no cosecha a la fruta dulce

JARC-COAG considera una cacicada las ayudas que ha publicado el Ministerio de Agricultura en cuanto a la cosecha en verde y la no cosecha en el sector de frutas y hortalizas, hasta el punto de plantearse llevar al Ministerio a los tribunales por reducir un 50% dicha ayuda en la fruta dulce.

La norma (Real decreto 533/2017), que este jueves 1 entrará en vigor, determina unos importes para estas modalidades “que no responden a las características de las explotaciones catalanas, y que los rebaja incluso más allá del 50% respecto de otras posibilidades de retirada”, según la organización.

Como ejemplo, la organización agraria ha estimado que una explotación mediana de manzano podría tener un apoyo de 0,11€/Kg si hace cosecha en verde o no cosecha, mientras la ayuda prevista para otras formas de retirada es de 0,18 €/Kg y, si el destino es la distribución gratuita, de 0,24 €/Kg. En el caso del melocotón, la ayuda para cosecha en verde o no cosecha sería de 0,13 €/Kg, frente a los 0,28 €/Kg otras formas de retirada y los 0,37 €/Kg para distribución de balde.

David Borde, responsable sectorial de fruta dulce de JARC-COAG, considera que los importes establecidos para la no cosecha “son una burla, dando la espalda a los productores que han tenido que soportar cuatro campañas con precios ruinosos, a la vez que muestran la voluntad que se opte por unos sistemas frente a otros”.

La organización agraria recuerda que la no cosecha o la cosecha en verde permite evitar costes innecesarios ante una situación de crisis de precios (cómo los derivados de la cosecha, la gestión a central, la transformación en zumo o la destrucción). Esta opción, evita la entrada del producto a la cadena comercial y repercute directamente sobre los productores profesionales, que continúan siendo los grandes olvidados de las medidas de retirada.

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JARC-COAG siempre ha reclamado que las medidas de retirada de producto del mercado, establecidas para la prevención y gestión de crisis “tienen que ser accesibles a todos los productores profesionales, con unos importes asignados de acuerdo con los costes de producción y, sobre todo, que reviertan en las explotaciones profesionales y no se pierdan en intermediarios”.

 

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